- Resumen Ejecutivo
- 1.-¿Por qué hablamos de Transición Justa y no solo de Transición Energética?
- 2.- Una historización de la Transición Justa
- 3.- La Transición Justa y América Latina
- 4.– ¿Qué se entiende actualmente por Transición Justa en América Latina?
- A modo de conclusión
- Bibliografía consultada
- Entrevistas / diálogos
- Créditos
Resumen Ejecutivo
El mundo enfrenta una crisis ambiental de magnitud en la que el patrón energético dominante, centrado en un 72 % en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), tiene una responsabilidad central por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). No solo la contaminación, sino también la inequidad del acceso y la captura corporativa son partes fundamentales del modelo energético global, sobre cuyas espaldas se construye el modelo de acumulación.
Como respuesta a este complejo cuadro, en los últimos años el concepto “Transición Energética” ganó presencia en las agendas de organismos de diverso tipo. Sin embargo, los abordajes más difundidos sobre la transición enfatizan, casi de modo exclusivo, en un recambio desde fuentes fósiles hacia otras de carácter renovable. Esa mirada, que consideramos parcial, no cuestiona el actual modelo, donde la energía es considerada una mercancía y no un derecho. En igual sentido, las visiones estrictamente técnicas, tampoco ponen en cuestión otro aspecto como lo es el destino de la generación energética. En suma, estas perspectivas dejan de lado la reflexión sobre la cuestión energética en relación con el modo de producción en el cual cobró forma y al cual contribuyen a reproducir.
Aun así, desde finales de la década de 1970 existen sectores que, al calor de luchas sociales de distinta índole, han intentado pensar a la transición como una problemática mucho más amplia que el mero reemplazo de fuentes. En esa senda comenzaron a contemplar las consecuencias que dicha transición podría y debería tener en términos ambientales, laborales, étnicos, de género y, finalmente, a nivel sistémico.
El rol de las y los trabajadores en ese proceso es central, dado que son sus empleos los que desaparecerán o serán reconvertidos en caso de avanzar hacia una transición. Es por eso que de la mano de sindicatos se alumbró la idea de Transición Justa, dialogando con propuestas y debates con sectores diversos como el mo- vimiento socioambiental, indígena y campesino. Desde su origen en el Norte Global la noción se extendió por todo el mundo y en la actualidad genera profundos debates en pos de otorgarle un sentido. América Latina no está exenta de ellos.
Los puntos clave que hemos encontrado a partir de esta investigación son los siguientes:
- La noción surgió a partir de la actividad del Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera, Química y Atómica (OCAW), en Nueva Jersey, Estados Unidos. El OCAW reconocía el impacto ambiental que generaba esa rama de la industria y llamaba a una transición cuyos costos no debían recaer en la clase trabajadora.
- A partir de su nacimiento, y hasta el año 2000, la idea de Transición Justa se desplegó por el mundo del trabajo de Norte América y Europa, trazando en ese camino vasos comunicantes con movimientos ambientales, sociales y políticos.
- A partir del nuevo milenio el concepto alcanzó una dimensión mundial en la cual se tornó s parte de la agenda de organismos de gobernanza global, y se convirtió en un tópico recurrente dentro de encuentros como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP). Sin embargo, en esa masificación perdió su especificidad original y distintos grupos le asignan diferentes significados en función de sus trayectorias y necesidades.
- Desde 2010 en adelante pueden rastrearse tres concepciones más o menos definidas en torno a s cómo se entiende una potencial transición energética. Primero, una Transición Energética Corporativa, asociada a sectores empresarios que consideran que la crisis climática posibilita un nicho de negocios resumido bajo la premisa de la “economía verde”. La segunda, nace del mundo sindical, y aboga por una Transición Justa con Diálogo Social. Parte de una mirada crítica de la situación actual, y promueve la negociación con empresarios y el Estado en pos de evitar que la clase trabajadora sea la más perjudicada en una transición que juzgan inevitable. Finalmente, algunos contingentes sociales, laborales y políticos se inclinan por lo que denominamos en este documento como una Transición Justa Popular. Desde un diagnóstico similar al diálogo social, quienes se reconocen en esta postura entienden que la transición energética sólo es posible si se pone en cuestión el conjunto de las relaciones sociales de producción.
- El mundo sindical de América Latina posee una fuerte influencia de estas discusiones. Pese a s registrar una larga trayectoria en la región, estas nociones cobraron canales institucionales para ser discutidas a partir de hitos como la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores y
- Trabajadoras de las Américas (CSA) en 2008. La afiliación de varios de sus integrantes a Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) en 2012 también propició un avance en las discu- siones en torno a la Transición Justa.
- A partir de 2015, el avance de las derechas políticas reubicó las prioridades del activismo sindical regional, lo que disminuyó la centralidad del debate por la Transición Justa.
- Sectores del mundo del trabajo, sindical, social e indígena latinoamericano proponen la necesidad de pensar a la Transición Justa desde la región en clave sistémica. Esto contempla el conjunto de las inequidades que el presente modo de producción reproduce, sean estas de clase, género, raciales o de cualquier otro tipo.
- En ese sentido, otro elemento destacado es la necesidad de buscar especificidades para la Transición Justa en el Sur Global y diferenciarla de la del Norte, debido a las especificidades de cada territorio, e incluso al interior de los países periféricos. Durante la última década, se han potenciado espacios de debate y encuentro que buscan hacer este diálogo desde la diferencia.
- Las resistencias territoriales contra la mercantilización de los bienes comunes con un abordaje de corte interseccional. En estas luchas se cruzan las reivindicaciones y agendas propositivas de movimientos socioambientales, feministas, de pueblos originarios y otros sectores afectados en sus modalidades de vida por el avance del extractivismo.
1.-¿Por qué hablamos de Transición Justa y no solo de Transición Energética?
El mundo asiste a una crisis ambiental de magnitud en la que el patrón energético dominante, centrado en un 72 % en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), tiene una responsabilidad central. Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2018 se registraron niveles récord de gases de efecto invernadero (GEI) atrapados en la atmósfera: el aumento fue de 147 % en el caso del dióxido de carbono (CO2); 147 % en el caso del metano (CH4) y de 123 % para el óxido nitroso (N2O). Todo ello no solo pone una nota de duda sobre la posibilidad de concretar los objetivos expresados en los acuerdos globales vigentes contra el cambio climático, sino que además da la pauta del peligro palpable de un aceleramiento en el aumento de las temperaturas globales en el corto plazo, que pondría en peligro las distintas formas de vida a nivel planetario.
Pese a ese marco sombrío, y en buena medida como producto de él, en los últimos años el concepto “Transición Energética” ha ido ganando presencia en las agendas mediáticas de gobiernos nacionales y de espacios multilaterales de los más diversos tipos. Aun así, existen una serie de complicaciones y limitaciones respecto del modo en que se utiliza la noción de Transición Energética, empezando por la más elemental de todas: la variedad de significados que se le otorga según quien la enuncia y, sobre todo, con qué intenciones. Generalmente asociada a la propuesta de una mudanza desde matrices energéticas basadas en fuentes contaminantes hacia otras apoyadas en generación renovable, la Transición suele utilizarse en los discursos públicos más visibilizados con el foco puesto solamente en los aspectos ambientales de la problemática, abordados desde un punto de vista técnico y mercantilizado. Es decir, entendiendo a la energía como un bien transable desprovisto de un contexto, que se compra y se vende bajo el imperio de las “leyes” de la oferta y la demanda.
Sin embargo, este abordaje es limitado y deja de lado la complejidad y multidimensionalidad de la cuestión energética, que lejos de reducirse a meros aspectos de generación, transmisión y comercialización, en la actualidad encuentra sus lógicas más básicas alojadas en las entrañas del modo de producción dominante y sus contradicciones, sus modalidades de acumulación y desposesión. En última instancia, la vigencia del patrón fósil —sobre cuyas fuerzas se expandió el capitalismo con sus dinámicas de explotación de poblaciones y territorios— no se halla supeditada a discusiones de carácter meramente tecnológicas, sino a cómo se controla y gestiona el poder. Un poder que se ha concentrado en escasas compañías, fundamentalmente petroleras, las que pujan por mantener el esquema actual incluso a costa de modificaciones técnicas. El problema de pensar en transiciones, entonces, se encuentra intrínsecamente vinculado a la necesidad de revisar las formas de generación y distribución de la riqueza y sus implicancias para el metabolismo sociedad-naturaleza.
Desde finales de los setenta y comienzos de los ochenta existen sectores que, al calor de luchas sociales de distinta índole, han intentado pensar la cuestión energética y la idea de transición como una problemática mucho más amplia que una mera cuestión de reemplazo de fuentes. En esa senda comenzaron a contemplar las consecuencias que dicha transición podría y debería tener en términos ambientales, laborales, étnicos, de género y, finalmente, a nivel sistémico. De la mano de estos activistas diversos entre sí se alumbró la noción de Transición Justa.
En este trabajo nos proponemos llevar adelante una revisión de la génesis, el recorrido y las disputas que existen en torno al significado de la Transición Justa. En una primera parte, nos abocaremos a revisar cómo nació y cuál fue su trayectoria, sobre todo en su marco geográfico de surgimiento, Estados Unidos y Europa. Avanzaremos en ese itinerario a partir del análisis de discursos a nivel sindical, social y político desde finales de los setenta del siglo pasado hasta los últimos años. En la segunda sección, intentaremos rastrear la presencia de la noción de Transición Justa en la retórica del mundo del trabajo, de los movimientos sociales y políticos de América Latina. Finalmente, basándonos en conversaciones con actores provenientes del sindicalismo, las luchas sociales y la investigación científica, intentaremos aproximarnos al modo en el que actualmente se concibe y se define la Transición Justa en la región.
Lejos de pretender presentar definiciones acabadas y conceptos cerrados, este documento busca contribuir a alimentar la discusión sobre Transición Justa, en particular desde aquellas posiciones que la comprenden en sentido amplio. Es decir, no solo como una simple transición desde el paradigma fósil concentrado hacia las renovables descentralizadas, sino más bien como la posibilidad de un cambio sistémico que cuestione las bases del modo de producción capitalista y sus injusticias, otorgándole a la energía el carácter de derecho básico, democratizando las decisiones relativas a su gestión y preguntándose siempre para qué y en beneficio de quién se produce.
2.- Una historización de la Transición Justa
Pese a que desde principios de la década de 1960 se registra la existencia de movimientos ambientales que ponen en debate el avance de patrones de reproducción energética ecológicamente cuestionables como el nuclear, la noción de Transición Justa no nació sino hasta el período que va desde finales de los setenta hasta comienzos de los ochenta. Concretamente, esta fue gestada al calor de las luchas del movimiento laboral estadounidense representado en este caso por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera, Química y Atómica (OCAW) y su líder, Tony Mazzocchi.
Con antecedentes como haber encabezado lo que se denominó “la primera huelga medioambiental” contra las condiciones de salud laboral en las refinerías que la angloholandesa Shell tenía en Nueva Jersey en 1973, hacia mediados de los ochenta el OCAW daría un paso más allá con el proceso de disputa en torno al cierre de las instalaciones de la empresa de productos químicos Ciba-Geigy, también en Nueva Jersey. El cese de las actividades de la planta, sucedido a partir de que militantes ecologistas y autoridades del gobierno juzgaron inviable la huella tóxica que generaba su producción, provocó una incógnita sobre el futuro de los 650 puestos de trabajo que de ella dependían. En ese marco, el OCAW comenzó una negociación en la cual, compartiendo el diagnóstico de la inviabilidad ambiental de la fábrica, buscaban que la patronal compensara a los y las empleados/as con una indemnización extraordinaria, procurando su recapacitación para adaptarse a las nuevas políticas ambientales.
En última instancia, el argumento de Mazzocchi y su sindicato apelaba a la idea de que, si bien la transición desde patrones productivos contaminantes era imprescindible, dicha mudanza no podía hacerse en desmedro de la clase trabajadora y sus necesidades inmediatas, comenzando por los puestos laborales. Cualquier transición socioproductiva, entonces, debía también ser justa. A partir de ese comienzo en la lucha sindical, e insistiendo con su planteo de base respecto de la multidimensionalidad de la transición necesaria, el OCAW comenzó a trazar vínculos con distintas organizaciones gremiales, ambientales y sociales de los Estados Unidos y Canadá y cobró cierta relevancia a comienzos de la década de 1990. En esa línea, resultó particularmente provechosa en términos sindicales su alianza estratégica con el Sindicato de trabajadores de la Comunicación, la Energía y Papeleros de Canadá (CEP), lo cual propició que en 1997 el Congreso Canadiense del Trabajo adoptara y difundiera las consignas de la Transición Justa. Una historización de la idea de Transición Justa.
También en 1997 se conformó a escala norteamericana la Alianza para la Transición Justa (JTA), que nucleaba no solo a entidades gremiales, sino también a grupos ambientalistas que habían tenido un largo peregrinar durante la década de 1980 y 1990 en problemáticas ambientales, sociales y laborales. Con el propósito de tender puentes con organizaciones de orígenes diversos, y también en clave internacionalista, durante los años previos el OCAW y sus socios ya habían tenido participación en instancias de discusión contra las consecuencias negativas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puesto en marcha en 1994. Estuvieron presentes, por ejemplo, en las manifestaciones en contra de la Cumbre de la OMC en Seattle en 1999 y habían generado vínculos con distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) e incluso con la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).
Siguiendo esa trayectoria, fue hacia fines de 1990 y comienzos del 2000 que la Transición Justa pasó a colocarse en las agendas del movimiento sindical internacional. En ese sentido, en noviembre de 1999 la Federación Internacional de Trabajadores de Química, Energía, Minería e Industrias Diversas (ICEM) adoptó la Transición Justa como horizonte deseable en el segundo de sus encuentros mundiales. Previamente, el concepto ya había llegado a la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (ICFTU), quienes llevaron sus preocupaciones en torno a la transición a los debates de la Tercera Cumbre del Clima (COP3), celebrada en Kioto, Japón, en 1997. Esto se vería reflejado en la declaración final de la Cumbre, que instaba a una distribución equitativa de los costos sociales y económicos de las políticas de mitigación de las emisiones de GEI, sobre todo procurando que los puestos de trabajo de sectores afectados pudiesen reconvertirse a áreas menos perjudiciales para el ambiente.
En la segunda parte de la década del 2000, la noción de Transición Justa daría un salto en su visibilidad, colocándose en la agenda de discusión de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También ha pasado a ser de la partida en iniciativas nacientes como la Confederación Sindical Internacional (CSI), surgida en 2006. Por aquel mismo período, el concepto comenzaría a cobrar relevancia a escala europea e incluso global, como lo demuestra la adopción de los lineamientos centrales de la Transición Justa por parte de las Comisiones Obreras en España (CCOO), del Congreso Sindical (TUC, por su sigla en inglés) del Reino Unido y del Consejo Australiano de Sindicatos, sobre todo en lo referido a la seguridad ambiental del trabajo. En esa trayectoria de magnificación de su presencia, y apalancada por los estímulos de la ONU y la CSI, a partir de allí la cuestión de la Transición Justa sería un punto de debate casi obligado en encuentros coordinados por instituciones tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las diversas comisiones de la Unión Europea para el Desarrollo Sustentable y las distintas reuniones climáticas de escala global, como la COP15, realizada en 2009 en Copenhague, o la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro, en 2012, conocida como Rio+20. En igual sentido, de las preocupaciones originales de los propulsores de la noción de Transición Justa surgió la formación de grandes agrupaciones internacionales de trabajadores de la minería, la energía y la industria (como IndustriALL, nacida en 2012), como así también la adopción de estas temáticas por parte de contingentes de trabajadores claves en cualquier proyecto de transición, como lo son los nucleados en la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF Global).
Una de las preocupaciones centrales vinculadas a este dinamismo tenía que ver con la necesidad de poner en discusión la creación de puestos laborales en sectores de baja emisión de carbono o “empleos verdes”. En ese sentido, existen una serie de experiencias en el seno de los países centrales que ilustran las dificultades concretas que supone la aplicación de transiciones energéticas en clave justa. Quizás uno de los casos que grafica mejor esas contradicciones se da en Alemania.
Hacia junio de 2018, el gabinete alemán adoptó las conclusiones del Reporte de Acción Climática del año previo y anunció que aspiraba a reducir en un 32 % la cantidad de emisiones de CO2 hacia 2020 respecto de la base establecida en el año 1990. Esta decisión, que en principio podría juzgarse como positiva, sin embargo venía a retrotraer la proyección inicial de 2014, la cual, auspiciada por el espíritu de la Energiewende (transición energética), fijaba que el recorte en las emisiones de CO2 para 2020 sería de un 40 % respecto de 1990.
Una de las máximas dificultades que existen en Alemania para avanzar hacia la producción basada en fuentes limpias tiene que ver con la resistencia que le impone la industria del carbón, responsable de aproximadamente el 40 % de la generación eléctrica del país. Los intentos de avance en la Energiewende y sus “efectos colaterales” muestran sus complejidades cuando se observa la tasa de desempleo general y se la contrasta con la de regiones como el Ruhr, principal productora de carbón de tipo lignito de Alemania. Para agosto de 2018, este ejercicio da como resultado que frente al 5,2 % de desocupación existente en el conjunto de la nación, el Ruhr alcanzaba un 9,2 %. Pese a ese recorte evidente, para el mismo período la región aún mantenía 20 mil puestos de trabajo directamente relacionados con la industria del carbón y 56 mil indirectamente vinculados. Destellos de la irresolución de este problema pueden verse en hechos como la postergación de la salida total de la generación eléctrica por medio del carbón, aplazada hasta 2038 por una ley aprobada en julio de 2020, en buena medida resultante de la presión sindical y empresarial, que causó malestar entre activistas ambientales.
En ese marco, la Federación Alemana de Sindicatos (DGB, por su sigla en alemán) expresa su apoyo a la necesidad de migrar la matriz desde fuentes energéticas contaminantes hacia otras limpias, pero en simultáneo resalta que su máxima preocupación gira en torno al mantenimiento de las fuentes laborales en sectores como el carbón.
En ese sentido, el conjunto de intereses en disputa lleva a que aún no se haya saldado el debate con relación a cuál es la forma en la que se debe conjugar la preocupación ambiental con el futuro de los puestos de trabajo vinculados a las energías contaminantes. Sin embargo, lejos de ser ello un motivo para abandonar las discusiones, son precisamente este tipo de problemáticas las que nos permiten reflexionar acerca de cuáles son las bases últimas de la sociedad actual y las inconsistencias que hacen imperioso pensar dinámicas alternativas. Abordada desde este punto de vista, la Transición Justa podría ser evaluada no solo como una instancia de descarbonización de matrices energéticas y de reconversión de las tareas de ciertos contingentes de la clase obrera, sino más bien como un vehículo para la superación de las lógicas de acumulación y reproducción sobre las que se asienta el modo de producción capitalista alimentado por el patrón fósil.
Llegados a este punto, debe remarcarse que junto con el proceso de difusión global de la Transición Justa, el concepto mudó sus significados iniciales referidos casi con exclusividad a la preocupación por la salubridad del trabajo y la conservación de las fuentes laborales. Dicha mutación, empujada por el cambio en las políticas públicas en clave “verde” y el impulso de las luchas sociales, llevó a que se propiciara una asociación de la noción de Transición Justa más bien con una idea de justicia ambiental en sentido amplio y genérico, y por momentos de límites borrosos. En esa línea, con el avance de la década del 2010, se produjo la convergencia y apropiación del concepto por parte de sectores sumamente heterogéneos entre sí como gobiernos, organizaciones de pueblos originarios, filántropos y empresarios “verdes”, distintas ramas del movimiento feminista y múltiples ONG, organizaciones políticas, además de los sindicatos, lo cual complejizó aún más su definición y la convirtió en decididamente polisémica. En resumen, en una suerte de mantra en el que diferentes sectores buscaban y encontraban significados según sus necesidades coyunturales o de largo aliento.
Pese a esta diversidad de valoraciones en pugna, podría señalarse que existen tres nodos que las agrupan, que podríamos definir como: Transición Energética Corporativa, Transición Justa para el Diálogo Social y Transición Justa Popular
2.1.-Transición Energética Corporativa
Los sectores cercanos a esta concepción suelen pensar la transición desde perspectivas casi exclusivamente técnicas y economicistas. Sin desconocer la problemática del cambio climático y aceptando la necesidad de pasar del patrón energético fósil hacia otro fundado en renovables, quienes se inclinan por este tipo de formulaciones tienden a ver en esa transición un nicho de negocios, es decir, la continuidad de la primacía mercantil sobre las lógicas de producción energética, en este caso “verde”.
Estos grupos, generalmente nucleados en cámaras empresarias, y representantes sectoriales insertos en algunos gobiernos, suelen argumentar sus posiciones ubicándose en los marcos de lo que definen como “economía verde” y prefieren hablar de la necesidad de la transición hacia sociedades “bajas en carbono” antes que de la realización de una Transición Justa. Entre estos, la idea de Transición Justa aparece en algunos espacios multilaterales con esta orientación y también en algunos marcos políticos nacionales, como veremos en el caso de Chile.
Uno de los posicionamientos sobre el futuro de los puestos de trabajo de sectores intensivos en carbono más repetidos por esta corriente suele ser el de insistir con la necesidad de su “reconversión” desde “viejos” hacia “nuevos” trabajos, lo cual implicaría una capacitación constante a cuenta de gobiernos, pero con compromiso de la fuerza laboral en el proceso. La utilización de esquemas de retiro voluntario con indemnizaciones extraordinarias para trabajadores/as de mayor edad también suele ser esgrimido por quienes defienden la concepción mercantil de la transición energética como un argumento frecuente cuando trazan sus proyecciones sobre las matrices del futuro.
2.2.-Transición Justa para el Diálogo Social
Quienes sostienen este tipo de formulaciones parten de un diagnóstico inicial en clave doble. Primero, reconociendo la gravedad de la crisis climática que atraviesa el planeta derivada en buena medida de la combustión fósil, que exige una respuesta inmediata tendiente a su reemplazo por fuentes de generación limpia. En segunda instancia, mencionan la necesidad de realizar una Transición Justa que contemple la vida y los derechos de los/as trabajadores/as y sus familias como así también de las comunidades que podrían ser perjudicadas por la transformación en la generación energética. Siguiendo en esa línea, una de sus principales conclusiones es que no existirán horizontes de justicia social sin un replanteo progresivo de la distribución del ingreso, al que consideran escandalosamente concentrado en pocas manos. Pese a ello, los defensores de esta versión de la Transición Justa no reniegan del accionar del sector privado, aunque sí colocarían su actividad bajo el comando estratégico del Estado.
Con este tipo de posiciones se identifican sectores como IndustriALL o la CSI; y ellas están contenidas en documentos emanados de la OIT, plenamente concentrados en el modo en que la transición impactará sobre las fuentes laborales y en cómo podrían combatirse y aminorarse los perjuicios que esta, junto con la automatización, tendrá sobre la vida de los trabajadores. Uno de los vehículos privilegiados para el planteo de sus inquietudes suele ser lo que llaman “Diálogo Social”, entendido como la participación directa de las organizaciones representantes del mundo del trabajo en las mesas de discusión de empresarios, gobiernos y organismos multilaterales en las que se define cuál será la dinámica que cobrará la Transición Justa.
Siempre con el objetivo presente de reducir los perjuicios que la transición podría tener sobre la clase trabajadora, quienes defienden el Diálogo Social argumentan a favor de la necesidad de crear “políticas industriales sostenibles” que contemplen el crecimiento económico y la forma en que este se conjugará con el ambiente y la sociedad. Otra de sus preocupaciones centrales radica en las condiciones de salubridad que tendrán esos puestos laborales del futuro, ya que también deberán ser respetuosos de las formas de vida de las comunidades donde se alojan. En esa misma lógica, esta corriente considera imprescindible la necesidad de poner en discusión la cantidad de empleos que crearán y cómo se articularán con la progresiva tecnificación y automatización de las actividades fabriles; para todo ello, según entienden, deberán actualizarse los convenios colectivos de trabajo existentes.
En última instancia, la gran inquietud —junto con la del lugar que tendrán los/as trabajadores/as en la discusión sobre las modalidades de la Transición Justa— es cómo se financiará la transformación del mercado de trabajo y quién pagará los costos. En ese sentido, una de las fórmulas más repetidas en los documentos emanados de estos sectores refiere a la necesidad de establecer fondos para la capacitación de la fuerza de trabajo, la readecuación de los espacios de labor y los encuentros necesarios para la discusión sobre la elaboración de marcos legislativos acordes.
2.3.- Transición Justa Popular
La vertiente popular de la Transición Justa parte del diagnóstico sobre los daños ambientales que genera la combustión fósil y considera igualmente imprescindible la puesta en marcha de un movimiento hacia modalidades de generación de mayor sustentabilidad con especial cuidado en las repercusiones que esto tendrá en los modos de vida de la fuerza laboral y las comunidades. Sin embargo, a diferencia de la concepción del Diálogo Social, quienes defienden la posición popular consideran imprescindible que toda transición llegue de la mano de un cambio estructural profundo del modo en el cual se producen y reproducen las relaciones económicas y políticas a las que se encuentra sometida la energía. En suma, un cambio sistémico en todos los aspectos de la vida social.
Reticentes a las propuestas de incluir en los horizontes de transición las conclusiones emanadas de mesas de trabajo con empresarios y otros sectores corporativos, organizaciones sindicales de alcance global como Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) propician la discusión sobre el carácter de la Transición Justa desde un punto de vista más afincado en las preocupaciones del mundo del trabajo y las comunidades. El diagnóstico elemental desde el que parten, y con el que se diferencian del Diálogo Social, es que la transición energética no solo no es inevitable, sino que ni siquiera está sucediendo. Para TUED, las apreciaciones demasiado favorables en torno a los cambios tenues que pueden registrarse en el aumento de la generación energética con fuentes renovables que exhiben algunos países centrales y al leve ascenso de los empleos “verdes” podrían obturar el análisis profundo que merece la crisis actual, en la cual la principal conclusión es que ninguna transición será posible sin un cambio socioeconómico y cultural radical.
Frente a la visión del Diálogo Social, las organizaciones sindicales nucleadas en TUED proponen el Poder Social, concepción que parte de la base de que la Transición Justa no puede lograrse si no es por medio de una profunda reestructuración de la economía política internacional que se plantee por fuera de las tendencias mercantiles y energívoras dominantes. Para las visiones populares de la Transición Justa, la energía debería pasar a ser valorada como un bien común, en su generación no debería ponerse en juego la vida de las comunidades o territorios en sacrificio y el acceso a ella debe entenderse como un derecho básico.
Por otro lado, encuentros de escala internacional coordinados por organismos como el Transnational Institute (TNI) han propiciado avanzar en aspectos poco tenidos en cuenta por las concepciones originales de Transición Justa pero neurálgicos a la hora de pensar cómo debería ser una transformación radical de la concepción de la energía. En primera instancia, la necesidad de reflexionar desde el fondo histórico de cada territorio concreto sobre el cual se proyecte la transición, observando las fuertes desigualdades que existen no solo entre el Norte y el Sur Global, sino incluso al interior de las diferentes regiones de cada país. En ese sentido, entienden que toda transición que se pretenda justa debe apalancarse en las luchas comunales por el acceso a la energía y la conservación de las fuentes, al tiempo que reacciona contra los intentos de mercantilización de la vida social.
En esa lógica, la Transición Justa debería preocuparse por reducir las brechas de clase atendiendo a quién controla los recursos y con qué objetivos. La cuestión de género también tendría que tener un papel destacado en la transición, que debería propiciar la superación de las presentes inequidades, donde las mujeres y las disidencias son marginadas incluso en su propio núcleo familiar, al tiempo que están expuestas a mayores riesgos de caer en la pobreza energética y son las más afectadas por los desastres ambientales, siendo el 80 % de las desplazadas en casos de catástrofe natural.
Asimismo, según esta concepción, la Transición debería ser cuidadosa de no reproducir las discriminaciones raciales y el racismo ambiental, por el cual determinados grupos étnicos y culturales subalternizados son seleccionados por los detentores del poder político y económico como destinatarios del sacrificio y la desposesión en pos de alimentar la acumulación capitalista. Esto último no debería darse solo en el nivel de las relaciones entre el Norte y el Sur Global, sino incluso al interior de los distintos espacios nacionales, donde estas dinámicas injustas muchas veces se reproducen a escala. Finalmente, las formulaciones de la Transición Justa deberían abrirse a concepciones que van más allá de la racionalidad instrumental occidental, particularmente a las epistemologías de los pueblos originarios, tal como manifiesta la Red Ambiental Indígena.
Todas estas formas de cuestionamiento del poder están en el centro de la Transición Justa y son la base para la transformación en sentido democrático de la toma de decisiones en la gestión de los recursos públicos y de apropiación social de los bienes naturales. De no tomar estas precauciones y dar la disputa para derrumbar las actuales inequidades, según esta perspectiva, los proyectos de transición corren el riesgo de quedar a merced de la captura corporativa montada en torno a la “economía verde” o de otro tipo de salidas mercantilizadas que precarizan la vida de las mayorías en términos laborales, ambientales y de derechos vitales en sentido amplio.
3.- La Transición Justa y América Latina
La Confederación Sindical de las Américas (CSA) y el impulso a la Transición Justa
Observar el despliegue del concepto de Transición Justa en Latinoamérica exige ponerlo en contraste con su desarrollo a escala global. Como se señaló en el apartado anterior, hacia mediados de la década del 2000 la noción comenzó a expandirse desde el universo sindical y de los movimientos socioambientales de los países centrales para alcanzar a sectores cada vez más amplios tanto en términos de su actividad y proveniencia como de su origen geográfico.
Pese a que América Latina poseía antecedentes de reclamos de la necesidad de cambios en la matriz energética como los producidos durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, las organizaciones del mundo del trabajo de escala continental no comenzaron a adoptar la premisa de la Transición Justa sino hasta 2008, con la creación de la Confederación Sindical de las Américas (CSA). Como brazo regional de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la CSA articuló a redes ya existentes como la Organización Regional de Trabajadores (ORIT-CIOLS) y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT-CMT), que poseían en su seno sindicatos con visiones contradictorias respecto de la cuestión ambiental. Históricamente centrados en la lucha por el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de desempeño laboral y los niveles remunerativos, hacia la década del 2000 los sindicatos latinoamericanos habían abordado solo tangencialmente la cuestión ambiental, siempre subordinada a la preocupación por la preservación de la cantidad y la calidad de los puestos de trabajo.
Sin embargo, el concepto de Transición Justa fue permeando progresivamente en el sindicalismo latinoamericano de la mano de la participación de sus representantes en encuentros globales y de su avance en la articulación en foros regionales con los reclamos de largo aliento de organizaciones como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra, entre otras. Por eso hacia finales de la década del 2000 existía una mayor receptividad de parte del mundo sindical para la problemática ambiental.
Tal es así que en mayo de 2009 las centrales agrupadas en la CSA adoptaron la Transición Justa como eje articulador. Concretamente, la declaración de la Confederación partía del reconocimiento del complejo escenario ecológico propiciado por la dependencia de la combustión fósil. Profundizando el análisis, el documento señalaba una diferenciación de las estrategias a futuro que debía encarar el Sur Global, en el que ubicaban a Latinoamérica, respecto del Norte Global representado por los Estados Unidos y Europa Occidental. En efecto, un considerando divisorio de las tácticas sugeridas para ambas regiones tenía que ver con el menor grado de desarrollo económico relativo de América Latina, que le otorgaba menores responsabilidades en la emisión total de GEI a escala mundial.
En vistas de esa salvedad, pero sin descuidar un escenario de descarbonización, la CSA reconocía el derecho al desarrollo económico latinoamericano siempre bajo la perspectiva de la finitud de los recursos naturales y el agravamiento de la situación climática global. En ese sentido, la CSA proponía separarse de los patrones de consumo del Norte Global y llamaba a los Estados de América Latina a tener un rol proactivo en ese proceso. De allí se desprendía su señalamiento tendiente a evitar lo que denominaba como “falsas soluciones” mercantilizadas para resolver las dificultades estructurales del patrón de acumulación, que bajo la premisa de la “economía verde” colocan al lucro por encima de los destinos de los trabajadores y las poblaciones afectadas directa o indirectamente por los cambios propuestos.
Con insistencia en lo imprescindible de mudar las lógicas de consumo vigentes, las cuales se juzgaba como impuestas desde los países centrales, la CSA insistía en la necesidad de aplicar estrategias de mitigación progresiva de emisiones de sustancias contaminantes. Dichas políticas tendrían como eje el abordaje de la cuestión ambiental como una problemática transversal, que no solo incluía el reemplazo de fuentes de generación energética, sino también el cuidado de la flora y la fauna, de los mares y del suelo. Asimismo, reconociendo lo costoso de esta transición, la CSA consideraba imprescindible la aceptación de la deuda histórica que según ella poseían los países del Norte Global con Latinoamérica, la cual podría saldarse por medio de ayudas para el financiamiento a bajo o nulo costo.
Finalmente, el nodo articulador de todas las premisas anteriores se hallaba entroncado en la necesidad de poner en marcha “empleos verdes” en la región. Partiendo del respeto por las demandas de justicia social y climática de las poblaciones latinoamericanas, se proponía evaluar la posibilidad de crear empleos verdes bajo condiciones “dignas”: entre ellas, protección social, remuneración acorde y derecho a la sindicalización.
Un mojón destacado en la trayectoria de la CSA y sus sectores afines a la hora de afianzar la aceptación del concepto de Transición Justa fue en 2012 en la Conferencia de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas/Río+20, o más bien en la “Contracumbre” celebrada por las organizaciones sociales y sindicales y denominada “Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro”. Confluyendo con pueblos originarios, organizaciones campesinas, movimientos de afectados por las centrales hidroeléctricas y otros grupos atravesados por estas problemáticas, la CSA planteó sus inquietudes sobre las modalidades con las cuales los organismos de gobernanza global encabezados por la ONU estaban atendiendo a la crisis climática y, sobre todo, las estrategias que esbozaban para su superación. En particular, se juzgaban las decisiones impulsadas hasta ese momento como excesivamente volcadas a los intereses del mercado, cuando no se las calificaba abiertamente como neoliberales.
Una reedición de esta coalición de organizaciones contrarias al estado de cosas, a la que se plegó la CSA, se produjo dos años después en la Cumbre del Clima de Lima de 2014; fue organizada en el marco de potentes movilizaciones, como una marcha de más de 15 000 personas por las calles de la ciudad para confluir en la Plaza San Martín el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, bajo la premisa “cambiemos el sistema, no el clima”. Teniendo en cuenta las expectativas iniciales, los observadores evaluaron la coyuntura como propicia para concretar modificaciones estructurales a las modalidades productivas imperantes y la situación del mundo del trabajo energético. Sin embargo, las negociaciones oficiales que se llevaron a cabo en la Cumbre de Lima nuevamente se centraron en la elaboración de premisas de naturaleza más bien declarativa y no vinculante, una decepción a ojos de la CSA.
La Transición Justa y América Latina | 17 Pese a ello, la confluencia de la actividad de los sindicatos latinoamericanos amparados en la CSA con sus pares globales influyó en la inclusión de la noción de Transición Justa en el preámbulo del Acuerdo de París contra el Cambio Climático de 2015. Concretamente, allí se resaltaba la necesidad de que toda transición desde fuentes energéticas contaminantes hacia otras de carácter sustentable tuviese como prioridad la reconversión de la fuerza laboral, que debía ser reubicada en puestos de trabajo de calidad y en conformidad con las prioridades de desarrollo definidas por cada país, haciendo así un tímido guiño a las diferentes realidades del Norte y el Sur Global.
Sin embargo, la situación de letargo económico en la cual ingresó América Latina hacia 2014 como producto de la caída generalizada de los precios de los productos primarios, sumada a la inestabilidad institucional propiciada en buena medida por el avance de las derechas, generó que una parte considerable de las propuestas y los proyectos de la CSA en materia de Transición Justa debieran postergarse a favor de estrategias de defensa inmediata de los puestos de trabajo.
Pese a ello, representantes de la organización continuaron haciéndose presentes en las distintas cumbres, jornadas y encuentros mundiales sobre la cuestión climática. Parte de ello puede observarse en las resoluciones de su Tercer Congreso llevado adelante en San Pablo, Brasil, en abril de 2016. Allí, retomando y actualizando los formulados de la Plataforma para el Desarrollo de las Américas (PLADA) de 2014, la CSA llamaba la atención sobre la continuidad de metodologías de extracción de recursos predatorias de la naturaleza entre las que destacaba el fracking, al cual consideraba altamente contaminante, pernicioso para la salud de las comunidades y los trabajadores y a la postre con resultados económicos dudosos. En esa línea, la CSA llamaba a los Estados de la región a establecer una moratoria sobre la utilización de la polémica técnica y a abrir la discusión al conjunto de los actores de las sociedades afectadas.
Para profundizar en los horizontes de futuro que se ponen en juego de cara a la transición, debe señalarse que según los cálculos de la CSA, en América Latina existe la posibilidad de crear cerca de un millón de puestos de trabajo vinculados a áreas tales como la construcción eficiente, las energías renovables y la fabricación de insumos sustentables. Sin embargo, las proyecciones también contemplan que la transición implicaría la pérdida de unas 350.000 fuentes laborales, sobre todo relacionadas con la extracción de gas y petróleo y la minería del carbón. Asimismo, cabe notar que esta “ecuación” entre puestos que se ganan y se pierden plantea problemas en lo que hace a la cuestión geográfica (dónde se generan y dónde desaparecen esos trabajos) y sectorial (los empleos no pueden transferirse de forma automática de un sector a otro sino que implican reconversiones a veces inviables). Por otro lado, el cálculo de puestos nuevos y viejos tampoco soluciona espontáneamente el conflicto sobre qué tratamiento se les daría a cuestiones como la vulnerabilidad preexistente que padecen sectores bajo condiciones precarias, la economía informal, el relacionamiento con los pueblos originarios, las mujeres, la juventud y las disidencias sexuales, entre otras.
En ese sentido, la premisa básica de la CSA para pensar en este tipo de problemáticas y llevar adelante una Transición Justa se centra en la noción de Diálogo Social. En consonancia con lo planteado por organismos reseñados en el apartado previo, para la CSA todo proyecto de transición debe tener en cuenta la voz de los/as trabajadores/as. Estos/as, en conversación con representantes gubernamentales de distintos niveles y el sector empresario, deberán proponer los puntos centrales de las discusiones, siempre con el objetivo de facilitar procesos de participación social más amplios en clave democrática. A partir de ese principio guía es que se explica la insistencia de la CSA en el rechazo a la puesta en marcha de transiciones mercantilizadas ancladas en el lucro empresario, que no vetan de forma total, pero que sí consideran debería estar subordinado a los intereses de la fuerza laboral y las poblaciones afectadas.
Hacia una Transición Justa Popular
TUED, una iniciativa nacida en octubre de 2012 en Nueva York en el marco de una mesa de discusión llamada “Emergencia Energética, Transición Energética”, tomó como uno de sus puntos de partida las experiencias de movilización en torno a la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro. Compuesto estrictamente por sindicatos vinculados a la energía, TUED partió de la premisa de que la emergencia energética y climática que azota al mundo es propiciada por la utilización desmedida de los combustibles fósiles y la consecuente emisión de GEI. En ese sentido, para quienes allí se agrupan, los gobiernos demostraron ser incapaces de negociar un acuerdo climático en las cumbres y encuentros climáticos precedentes, y los organismos multilaterales de crédito y otras entidades afines continuaban propiciando la continuidad de un patrón energético contaminante y privatizado a escala global.
Debe señalarse que TUED no funciona como un sindicato de tercer grado (es decir, una central sindical), sino como una federación sectorial internacional o una red global específica del área energética. Eso lleva a que algunos de los sindicatos que son miembros de la CSA también sean partícipes de TUED. Así se explica que buena parte de las consignas y proyecciones de transición auspiciadas desde esta iniciativa hayan confluido en los mismos encuentros mencionados cuando revisamos la actuación de la CSA. Sin embargo, pese a esa yuxtaposición de pertenencias, como se señaló en la sección anterior, es necesario destacar que TUED propone como estrategia de acción hacia la Transición Justa el Poder Social.
Recordemos que la idea de Poder Social de TUED se desprende de que no es posible alcanzar una Transición Justa si no es mediante una honda transformación del entramado económico y geopolítico, es decir, abandonando las lógicas productivistas imperantes. En lo que hace a la energía, según la noción de Poder Social esta debe pasar de ser considerada como una mercancía a un bien común y un derecho humano básico, con una gestión de su producción de base profundamente democrática.
Siguiendo esa línea directiva, TUED participó de múltiples encuentros para pensar qué transición energética precisa América Latina. Entre ellos destacan algunos como el Encuentro Internacional Matriz Energética y Bienes Comunes, realizado en Buenos Aires en septiembre de 2017. Allí, las discusiones se nutrieron de una caracterización inicial de la situación energética global en general y latinoamericana en particular, que se juzgó como crítica debido al avance privatizador y represor de poblaciones por parte de empresas extractoras de hidrocarburos y minerales.
Asimismo, el encuentro contó con la presencia de los trabajadores de la mina de carbón de Río Turbio, ubicada en la provincia argentina de Santa Cruz, quienes expusieron sobre el proceso de lucha que enfrentaban, producido a raíz de las políticas de ajuste que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había impuesto sobre ellos y su actividad. En ese sentido, y al margen de lo estrictamente debatido en el Encuentro, resulta interesante resaltar la contradicción en la que reconocen encontrarse representantes gremiales de los trabajadores del carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Si bien los sindicatos y sus afiliados reconocen el carácter ambientalmente pernicioso que posee la combustión de carbón, también contemplan con preocupación las escasas posibilidades de reconversión que tienen sus puestos de trabajo. Una sospecha que se desprende de la dinámica del conflicto que los envolvió durante los últimos años, y en particular a lo largo del Gobierno de Mauricio Macri, apunta a la posibilidad de que la mina estuviese sufriendo un proceso de desinversión silencioso y progresivo, destinado a diluir el impacto político que podría generar su cierre directo y definitivo.
Por otro lado, retornando a lo discutido en el Encuentro, es de destacar que también se presentaron las contradicciones existentes en la producción de energía hidroeléctrica tanto en Argentina como en Brasil y Paraguay, que visibilizaron los contingentes gremiales de ATE Sur Misiones, ATE Neuquén y del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) de Brasil. En igual sentido también fueron problematizadas la generación por medio de centrales nucleares y se profundizó en las características, y contradicciones, de la puesta en marcha de energías renovables no convencionales en Argentina, Costa Rica y Uruguay. Finalmente, se discutió la inviabilidad de los hidrocarburos no convencionales y del fracking tanto en emprendimientos existentes como en la formación geológica argentina Vaca Muerta, y también en lugares donde busca aplicarse, como en Colombia.
En suma, el Encuentro concluyó con un llamado a instituir una matriz energética que tenga como eje articulador las necesidades de los trabajadores y las poblaciones, llamando al rechazo de la depredación de los recursos naturales latinoamericanos por parte de potencias del Norte Global e insistiendo en la urgencia de desmercantilizar la concepción de la energía para pasar a pensarla, y colocarla en la agenda de las políticas públicas, como un bien común.
Pese a esta plataforma de sentencias en común sobre el horizonte que debía tener la Transición Justa, hacia 2019, en otro encuentro global de TUED destinado a discutir las posibilidades de instaurar una batería de políticas denominadas como Green New Deal, los sindicatos energéticos de América Latina daban cuenta de un agravamiento de la situación regional. Allí juzgaban que los avances en pos de la Transición Justa no solo habían sido leves, sino que también en los últimos años se profundizaron la vulneración de derechos laborales, las violaciones a los derechos humanos, las expulsiones de pobladores de sus tierras y la contaminación como resultado del accionar de empresas hidrocarburíferas, en su mayoría provenientes de países centrales.
4.– ¿Qué se entiende actualmente por Transición Justa en América Latina?
La matriz energética de América Latina se halla principalmente sostenida por combustibles fósiles. Hacia 2018 el 34 % de la energía consumida en la región provenía del gas natural, el 30 % del petróleo, el 8 % de hidroelectricidad y el 6 % del carbón. Observando más de cerca qué necesidades vino a suplir ese dispendio de energía, se encuentra que el grueso de la “torta” fue destinada al transporte, responsable del 38 % del consumo, otro 30 % del gasto era explicado por la industria, un 16 % por el uso residencial, y un 5 % por el comercio y los servicios.
Pese a que la región se basa fuertemente en fuentes de gran emisión de GEI, es importante destacar que en 2018 poseía una responsabilidad de segundo orden en la generación mundial de sustancias perjudiciales para la atmósfera como el C02, que contribuye una factura cercana al 10 % del total. Pueden hallarse evidencias de ese lugar subordinado en términos relativos si contrastamos los guarismos latinoamericanos con las emisiones de países como China, que con casi 10 065 megatoneladas de C02 multiplicó más de seis veces la producción de este gas en nuestra región. Lo mismo sucede si se comparan las emisiones de CO2 de América Latina con las de Estados Unidos, que con 5416 megatoneladas la superó en más de tres veces. Para sumar complejidad a este cuadro, es importante advertir que al interior nuestra región los niveles de generación de GEI tampoco son homogéneos, puesto que de las 1675 megatoneladas de C02 producidas en 2018, solo dos países fueron responsables de más de la mitad: México con 477 megatoneladas y Brasil con 457.
Lejos de ser datos anecdóticos, estos números permiten arrojar algo de luz sobre una de las principales dificultades para encontrar un plafón programático común a la hora de definir qué se entiende por Transición Justa, a saber, la heterogeneidad de las realidades sobre las cuales se proyecta el concepto. En efecto, como sucede a escala global, en América Latina existen realidades energéticas diferenciadas, con trayectorias históricamente divergentes y disputas internas frente a este panorama.
Sin embargo, pese a que esta disputa contribuye a la elaboración de diagnósticos diferenciados, y hasta a veces contradictorios entre sí, en el recorrido reciente de movimientos sindicales, sociales y ambientales pueden encontrarse cada vez más vasos comunicantes propiciados por las inequidades y amenazas que genera en múltiples niveles el actual estado de cosas. Siguiendo esas líneas de confluencia, en este apartado nos concentraremos en revisar y poner en diálogo el modo en que distintos sectores de estos mundos caracterizan sus limitaciones y las respuestas que proponen. Comenzando por una revisión general de los principales puntos en común y discrepancias de los movimientos sociales y sindicales, pasaremos a revisar someramente algunas experiencias que podríamos catalogar como esbozos de una transición energética y finalizaremos con algunas de las visiones sobre estas problemáticas de parte de los y las trabajadores/ as en sus propias palabras. Para encarar esa última tarea, nos serviremos de una serie de entrevistas que realizamos a representantes sociales y sindicales de Argentina, Colombia y México.
Acuerdos y discrepancias entre movimientos sociales y sindicales
Como resultado de la confluencia en encuentros, reuniones y jornadas que abren espacios de diálogo, cada vez disponemos de más documentos que recogen las experiencias, temores y modalidades de resistencia de los diferentes sectores que, con sus especificidades, pujan por una Transición Justa. Un mosaico de esas realidades puede verse en Transición Energética en América Latina, editado en 2019 por CENSAT Agua Viva – Amigos de la tierra Colombia. El escrito se nutre de las contribuciones en distinto soporte de organizaciones ambientales, grupos de investigación y acción, movimientos sociales y agrupaciones de afectados por distintas actividades productivas, y parte de un esfuerzo por ensayar respuestas a dos preguntas elementales: qué energía y para quién se produce.
A fin de llevar algo de claridad a estos interrogantes, el documento caracteriza los principales nodos problemáticos de la realidad energética latinoamericana, donde el patrón fósil imperante suma características tales como la vigencia de un sistema patriarcal y clasista en consonancia con lógicas productivas tendientes al despilfarro y la ineficiencia. Pese a estos marcos de acuerdo de múltiples organizaciones respecto de las inconsistencias del modelo vigente, resulta interesante observar que en el mismo documento se vuelcan un conjunto de puntos que resultan problemáticos para arribar a visiones y caracterizaciones en común. Algunos de ellos son qué tratamiento deberían tener las empresas extractivas en cuanto a su carácter extranjero o nacional, cómo llevar adelante la transición en los sectores intensivos en la producción de GEI o el papel presente y futuro de las actividades mineras.
Uno de los elementos problemáticos sobre el que no hay acuerdo y que resulta especialmente sensible de cara a las proyecciones de futuros posibles tiene que ver con qué se entiende por desarrollo. El contenido tradicional que se le asigna a esa noción está relacionado las más de las veces con la expansión de variables económicas duras, expresadas socialmente en el aumento desmedido del consumo de bienes y servicios; sus críticos señalan que dicha concepción soslaya el fondo social, ecológico y cultural de América Latina. Y en ese sentido, uno de los elementos más atacados por sus detractores tiene que ver con que exalta dinámicas ambientalmente insostenibles, que a la postre pretenden imitar patrones de consumo gestados en realidades muy diferentes a las latinoamericanas como las de los países del Norte Global. Aceptando la dificultad de desandar determinados modos de vincularse con las mercancías en las sociedades capitalistas, los sectores reactivos a la asociación del desarrollo con el crecimiento económico ad eternum entienden que las concepciones que se gesten para la noción en nuestros territorios deberán tener en cuenta sus especificidades considerando a la sustentabilidad en sentido fuerte como elemento rector.
Dentro de esta discusión, es de destacar que el movimiento sindical ha formulado sus propias propuestas acerca de qué debe entenderse por desarrollo y cuál es la relación de este con la Transición Justa. Un elemento notable en este campo fue la elaboración de la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA) por parte de la CSA en 2014. Retomando y regionalizando algunos de los postulados planteados por la CSI en su declaración Los Sindicatos y el Cambio Climático de 2009, la PLADA tenía como eje estructurador la puesta en cuestión de los modelos de desarrollo vigentes, a los cuales asociaba con la primacía de los emanados de las políticas neoliberales. Concretamente, la PLADA llamaba a impugnar las dinámicas que propician el avance de lógicas productivas que colocan a la generación de ganancias por encima de cualquier contemplación de carácter social, ambiental o laboral. En esa línea, retomando con una visión algo más radical varios de los elementos propuestos por la ONU en torno al “desarrollo sostenible”, el documento de la CSA propone comprender y organizar los aspectos centrales de la vida social desde una nueva concepción cuya base programática esté construida por y para las mayorías populares.
A partir de esa concepción, y siempre bajo el signo de la omnipresencia de la cuestión laboral, una de las preocupaciones del documento se centraba en la reflexión sobre la dimensión ambiental en general y la energética en particular. Partiendo de la afirmación de que no puede existir desarrollo aceptable sin que en él prime la justicia ambiental, la CSA también colocaba al tope de sus inquietudes la demanda por un marco de acción que contemplara los caminos para enfrentar las asimetrías en la materia existentes a nivel nacional y regional, como también, y sobre todo, a escala internacional entre los centrales y periféricos. De allí se desprendía la exaltación de la PLADA por el establecimiento de un “principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas” que contemple las diferentes capacidades de los territorios para dar respuesta a las urgencias del cambio climático.
Con una nota de ansiedad puesta en encontrar las vías para saldar injusticias de larga factura histórica en las cuales algunos países y regiones aprovecharon los recursos naturales de otras en pos de su propio beneficio, la PLADA da cuenta de la necesidad de pensar la soberanía en un sentido profundo. Es por ello por lo que propone la concepción de los recursos naturales no como simples mercancías sino como bienes comunes que contemplan la biodiversidad, el agua, las semillas, los bosques y la energía, entre otros. Sobre ellos los pueblos deberán tener garantías para una gestión autodeterminada y soberana, que se propiciará mediante la participación democrática respaldada por el Estado.
En lo que hace a la cuestión energética, la PLADA señala la necesidad de establecer una Transición Justa, a la cual concibe como
el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que la transición y el camino hacia una producción con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ofrezca al mismo tiempo oportunidades a las y los trabajadores y a las comunidades implicadas. Con la finalidad de que no sean ellas y ellos quienes paguen los costos de las consecuencias negativas ocasionadas por los cambios de los cuales no son los mayores responsables (PLADA, 2014: 46).
A partir de esa concepción primaria, y siempre considerando la desigual responsabilidad pasada y presente sobre la crisis climática, el documento hace énfasis en la necesidad de desarrollar planes de inversión, investigación y políticas públicas en relación con las urgencias de la agenda de la Transición Justa. Sin desconocer la celeridad que deben tener los cambios por introducirse, la PLADA no deja de resaltar con insistencia lo imperioso de que dichas modificaciones en los entramados productivos lleguen de la mano de acciones estatales que fomentan la reconversión plena de derechos de los sectores de la fuerza laboral involucrados en ramas contaminantes que deberían quedar desactivadas.
Pese a esto, en los hechos ha habido múltiples dificultades para que las demandas se concretaran de forma lineal. Muestra de ello puede verse en casos dramáticos como el de los afectados por las centrales hidroeléctricas en Brasil y Colombia o el complejo panorama que enfrentan las comunidades de Argentina, Bolivia y Chile cercanas a los salares donde se extraen minerales como el litio, estratégico para los entramados de transporte del futuro impulsados por la electricidad. Nuevamente aquí se expresan las profundas desigualdades de relación en la extracción de recursos en países periféricos para el consumo en los países centrales. Dicho de otra manera, ¿cuál va a ser el costo socioambiental en el Sur Global de la transición energética del Norte?
En un contexto diferente también se pueden observar los resultados parciales que arrojan casos como los de Uruguay. Con una matriz en un 98 % compuesta por fuentes renovables convencionales (principalmente hidroelectricidad) y no convencionales (eólicas), en Uruguay el conjunto de la electricidad es gestionada en lo que hace a su transmisión y distribución por la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Sin embargo, el aspecto que arroja dudas respecto de este marco a priori de apariencia pública es el de la generación, área en la cual la UTE ha perdido progresivamente su histórico monopolio garantizado por hidroeléctricas y centrales térmicas. La dominación exclusiva de la empresa estatal sobre la generación se vio minada por la licitación de parques eólicos, y terminó por extinguirse legalmente con la aplicación, a finales de la década del 2000, de los reglamentos que se habían sancionado durante la dictadura militar. En ese sentido es de señalar que el 29,7 % del total de la generación que hoy detentan empresas privadas podría verse ensanchado próximamente como resultado de la combinación del crecimiento de la demanda energética del país y la no alteración de estos marcos normativos. Desde el punto de vista sindical de la Agrupación de Funcionarios de la UTE (AUTE), el avance de los generadores privados sobre las renovables no convencionales introduce elementos sumamente disruptivos en vista de los esquemas de tercerización laboral sobre los que suelen montarse estas empresas.
Del otro lado del Cono Sur, Chile lanzó en junio de 2019 un plan de descarbonización de su matriz energética al que ha denominado “Estrategia de Transición Justa en Energía”. En línea con lo propuesto por las tramas de los foros de gobernanza multilateral —donde los intereses de las corporaciones poseen un importante peso y ponen el foco en el cambio de las fuentes de generación y no en las lógicas del dispendio energético—, el proyecto parte del reconocimiento de la insostenibilidad de la actual matriz del país, responsable del 78 % de sus GEI. De cara a reparar esa gramática contaminante, la Estrategia aspira a un lento y parcial cierre de las ocho centrales termoeléctricas más antiguas del país para 2024 y del conjunto de las veintiocho existentes a lo largo de su geografía para 2040. Con una retórica afín a lo expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y las directrices para la Transición Justa de la OIT, más allá de expresar su preocupación por alcanzar un “desarrollo social y ambiental justo y equitativo”, los proyectos del Gobierno de Sebastián Piñera, están centrados en la creación de un modelo de negocio “verde” vinculado a la descarbonización, como un paso más en la mercantilización de la energía.
En suma, el panorama actual da cuenta de que aún no se ha resuelto la disputa sobre el carácter que podría tener una transición energética y, mucho menos, si esta sería justa. Las posiciones en torno a una visión corporativa, afines al neoliberalismo verde, tienen gran preeminencia en los organismos de gobernanza global y han avanzado en la región de forma lenta pero sostenida por medio de la instalación de fuentes de generación renovable no convencional. Sin embargo, como hemos visto, existen múltiples organizaciones provenientes de distintas trayectorias formativas, laborales y de despliegue territorial que están decididas a dar una disputa por propiciar transiciones energéticas en clave popular, con justicia, que pongan en el centro de las preocupaciones no solo la limpieza de las fuentes de generación energética o la abundancia de los recursos, sino la propia sostenibilidad de la vida para su pleno disfrute.
Una Transición Justa mirada desde Latinoamérica
En el marco de la preparación de este texto llevamos adelante una serie de diálogos con trabajadores/as provenientes de distintas ramas del sector energético y de la investigación científica de Argentina, Colombia y México. Allí, además de dar sus impresiones sobre qué entienden por una Transición Justa, reflexionaron sobre sus realidades nacionales, la situación regional y global, así como también sobre los vínculos que consideran que las comunidades deberían reformular y trazar con el Estado, lo público y los bienes naturales de conjunto. A continuación recorreremos parte de las consideraciones que ellos/as volcaron a lo largo de las conversaciones sostenidas, agrupadas en torno a algunos de los nodos problemáticos.
Las situaciones nacionales y la realidad regional
S egún Humberto Montes de Oca, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) e histórico representante de la extinta empresa eléctrica estatal Luz y Fuerza del Centro, su país se encuentra en un momento de transición entre las reformas en clave neoliberal tomadas por Enrique Peña Nieto y expectante de las que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aún no dan señales de concretar la recuperación del sector energético en manos del Estado mexicano. En ese sentido, para Montes de Oca “no hay una política de renacionalización ni derogación de la reforma energética neoliberal, sino más bien un intento de contención, de tomar medidas administrativas que permitan recuperar cierto control”.
En lo que hace a la situación regional, el representante del SME opina que, si bien la historia de colonización y dependencia que atraviesa a América Latina hace que la cuestión de la soberanía sea una pulsión emergente a lo largo de toda su geografía, “en el momento actual ya hay otros aspectos que son importantes: considerar la transición energética en términos ambientales y la propiedad. Estamos hoy planteando la renacionalización de la industria, pero también para que esta se gestione por los trabajadores, por la sociedad y por el poder político”. Concretamente, lo que Montes de Oca considera imperativo para los tiempos actuales es “gestionar la electricidad en términos de la participación de la sociedad, de los propios trabajadores, de los consumidores”.
Desde la perspectiva de Edgar Mojica Vanegas, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, el patrón energético mundial en este momento es un modelo de guerra basado en la competencia. A nivel global ello se expresa en la puja por recursos, por rutas y por precios. Para Mojica, en Colombia “eso tiene una expresión concreta y se llama acumulación por despojo. Implica el despojo de la gente, el desplazamiento de sus territorios. Una apropiación y saqueo”. Muestra de ello es la aprobación del Gobierno de su país de las pruebas piloto del fracking, pese a las protestas del movimiento socioambiental y las propuestas alternativas que han hecho los sindicatos y movimientos sociales. Situaciones similares son las que ocurren con las hidroeléctricas, la megaminería, como del carbón y del oro, entre otras.
En ese sentido, una de sus grandes preocupaciones es el ascenso de la violencia contra los militantes sociales y ambientales que se registra en Colombia en los últimos años. Frente a ello, señala que es urgente propiciar un escenario que habilite a la sociedad colombiana a discutir la cuestión minero-energética en un marco de paz. En ese plano, rescata la experiencia de la “Mesa Social Minero-Energética y Ambiental por la Paz”, en torno a la cual se produjo todo un movimiento de asambleas municipales, departamentales e incluso una de escala nacional, que dieron lugar a propuestas y documentos.
Para Joaquín Turco, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), su país atraviesa fuertes incógnitas en lo que hace al futuro de la matriz energética debido al incuestionado modelo fósil que ha sido el principio rector de los gobiernos de las últimas décadas, centrado de manera casi exclusiva en la explotación de Vaca Muerta, y el constante tira y afloje de flexibilización y tercerización del sector. En lo que hace a la situación latinoamericana, Turco observa con preocupación la dispersión del mundo del trabajo que generó el avance de las derechas en la región desde mediados de la década de 2010, al que la pandemia le vino a dar el golpe de gracia. En ese sentido, resalta que a nivel sindical siempre se planteó la necesidad de un sistema energético integrado pero eso “ya pasó a la historia con los colores políticos que se están viendo en la región”.
Según Mojica “el patrón energético mundial en este momento es un modelo de guerra basado en la competencia. A nivel global ello se expresa en la puja por recursos, por rutas y por precios. En Colombia eso tiene una expresión concreta y se llama acumulación por despojo. Implica el despojo de la gente, el desplazamiento de sus territorios. Una apropiación y saqueo”.
Relación y diferencias entre el Norte y el Sur Global
El vínculo de América Latina con los países de Europa Occidental, los Estados Unidos, y en las últimas décadas también con la República Popular China, reviste múltiples rispideces que hacen difícil pensar posibles trayectorias futuras en común. Cómo concebir una Transición Justa no es un nodo ajeno a esta problemática. Tal como menciona Cecilia Anigstein, investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina, en el documento programático que preparó para la CSA junto con los brasileños Daniel Angelim y José Medeiros como balance de la COP de Lima de 2014 y de cara a la COP de París de 2015, existen un conjunto de asimetrías estructurales en la contribución de emisiones del Norte y el Sur Global que exigen que el punto de partida para la reconversión de unas y otras economías en el marco de una transición sea medido de formas diferenciadas. Sobre la base de cuestiones de carácter histórico, Anigstein considera que pensar la Transición Justa también es una oportunidad para reflexionar cómo podría lograrse la convergencia entre las desigualdades pluriseculares del mundo desarrollado respecto de América Latina.
Desde la visión de Humberto Montes de Oca, en los países centrales los sindicalistas tienen muy presente en sus discursos la idea de lo público pero siempre lo colocan en el marco de la institucionalidad estatal. No hablan, sin embargo, de una socialización de estos medios a través de una gestión comunitaria. Montes de Oca encuentra allí que estas naciones “han despojado a los pueblos de sus recursos y ellos se dan el lujo del dispendio energético mientras que en nuestras comunidades y nuestros pueblos tenemos deficiencias en la accesibilidad al consumo de la energía”. Para el gremialista mexicano, es muy importante que América Latina se aleje de estos modelos inconducentes. En ese sentido, resalta que en la región hay muchas experiencias de comunidades que se autoorganizan para construir cooperativas y hacer un uso social de esos bienes comunes. “Eso nos parece muy importante y para nosotros eso significa la transición”, resume.
Para Laura Maffei, del Departamento Socioambiental Chico Mendes de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Argentina) y de la Fundación Ecosur, resulta importante establecer una diferenciación entre cómo encarar las discusiones en el Norte y el Sur Global como producto de las diferencias estructurales que existen entre la realidad sociolaboral de uno y otro. Sin embargo considera que tampoco deben establecerse visiones simplistas de lo que sucede en el Norte Global, por ejemplo en países “como Estados Unidos donde también pueden verse elevadas tasas de inseguridad laboral con legislaciones en algunos casos peores que la de nuestros países del Sur”. Pese a ese matiz de complejidad, reconoce que la media de América Latina posee altas cuotas de precariedad e informalidad que condicionan no solo los marcos de diálogo y discusión, sino las proyecciones de corto y mediano plazo debido a las relaciones de fuerza existentes.
No obstante, Maffei considera que frente a las visiones del Norte centradas únicamente en las discusiones sobre legislación laboral, las nociones del Sur poseen una ventaja sustancial que radica en que se preocupan por “disputar el sentido mismo de la transformación socioecológica, es decir, poder comprender y abordar las causas estructurales del sistema y de su colapso”. En diálogo con lo planteado por la PLADA, la investigadora argentina entiende que existe una larga trayectoria de reflexión del pensamiento ambiental latinoamericano que viene planteando que el eje de las discusiones sobre sustentabilidad debe colocarse en torno a las causas políticas de la crisis ecológica. Para Maffei, entonces, esa tradición posee ventajas a la hora de proyectar a la Transición Justa no solo como la transformación de la matriz energética en términos técnicos sino, y sobre todo, como vehículo de superación de las inconsistencias del modo de producción vigente.
Según Edgar Mojica Vanegas, existen diferencias de fondo entre los marcos de acción del Norte y del Sur global como son las desiguales posibilidades de establecer un diálogo entre empresarios, representantes sindicales y el Estado. Para Mojica, la situación de estabilidad de los países desarrollados garantiza que “estén las posibilidades de sentarte, de generar política pública y de generar una línea económica para su implementación”. En vista del marco de dificultades que impone una situación regional con derechas en avance, considera que “es imposible que estos gobiernos accedan a una instancia de diálogo sin presión social, sin los trabajadores organizados en la calle (…). Si no pasa esto, la transición se queda en manos de las empresas”.
Joaquín Turco coincide en las diferencias estructurales señaladas entre el Norte y el Sur Global. Muestra de ello fueron las discusiones sindicales de la Cumbre del Clima de 2008 realizada en Poznan, Polonia, muy ligadas a la cuestión de la pérdida de trabajos por la descarbonización en el Norte Global. En esa discusión, se colocaba a la Transición Justa exclusivamente como la creación de “empleos verdes”. Una discusión que ya vimos que fue marcada tanto por la PLADA como tangencialmente por el documento elaborado por Anigstein, Angelim y Medeiros. Según Turco, “No podés meter un modelo enlatado como el que quieren los europeos en el sur, eso tenías que adaptarlo a las condiciones. Ellos venían con elevado empleo registrado y nosotros teníamos el 50 % de informalidad. Hay muchas cuestiones del manual de Transición Justa en donde dice ‘creación de empleo, previsión social, investigación, etc.’ en las cuales nosotros partíamos de menos diez en el sur, nosotros no podíamos hacer lo mismo”.
Según Turco, “No podés meter un modelo enlatado como el que quieren los europeos en el sur, eso tenías que adaptarlo a las condiciones. Ellos venían con elevado empleo registrado y nosotros teníamos el 50 % de informalidad. Hay muchas cuestiones del manual de Transición Justa en donde dice ‘creación de empleo, previsión social, investigación, etc.’ en las cuales nosotros partíamos de menos diez en el sur, nosotros no podíamos hacer lo mismo”.
Trabajadores y Transición Justa
Para reflexionar sobre qué entiende por Transición Justa, Humberto Montes de Oca rescata las experiencias de la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica entre los años 2010 y 2011, que acompañaron el proceso de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas de aquel período por medio de una huelga de pagos del servicio. El histórico militante de Luz y Fuerza del Centro afirma luego que “la Transición Justa no es solo una cuestión de cambiar de modo de generar electricidad sino también tiene que ver con una gestión social, donde los propietarios comunes de los recursos naturales, como comunidades indígenas y campesinas que tienen propiedad, control sobre los recursos, no sean despojados, y que ellos mismos puedan generarse su propia electricidad”.
Destacando las experiencias latinoamericanas que vinculan al sector energético con las comunidades y su autoorganización, Montes de Oca comenta que este tipo de roces ayuda a lubricar un proceso en el cual tienen que “buscar una coincidencia y ver en conjunto cómo hacer para poder sostener el trabajo, el empleo y al mismo tiempo no ser invasivo y no pasar por encima de las comunidades. Ese es un conflicto muy difícil de resolver, pero creo que estamos en el momento de asumirlo”, por lo que desea “echarse a andar en alianza con organizaciones sociales, indígenas y campesinas”.
Según Laura Maffei, uno de los elementos centrales de la noción de la Transición Justa es que esta lleve adelante las modificaciones socioproductivas indispensables en términos ecológicos, y al mismo tiempo “no deje a nadie atrás”. Es decir, que no perjudique a los más vulnerados, quienes tradicionalmente han pagado el costo de las transiciones previas. Para la investigadora, el concepto implica la protección del empleo, la formación profesional para la reinserción de los trabajadores en nuevos sectores y cuestiones asociadas. Sin embargo, uno de los elementos que Maffei resalta es que es necesario plantear diferencias en el modo de proyectar la Transición Justa para cada área sociolaboral concreta, teniendo en cuenta en ese mismo movimiento la especificidad de cada comunidad. En última instancia, el marco común programático del cual se desprende la idea de la Transición Justa debe ser traducido y focalizado para cada una de las realidades locales.
Asimismo, Maffei considera que es necesario pensar la Transición Justa a partir de la dimensión de género. Señalando problemáticas globalmente extendidas como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la investigadora argentina llama a observar que los sectores energéticos se encuentran fuertemente masculinizados, y esto, en buena medida, es el resultado de estereotipos de género. Ahondando en estas discusiones, Maffei considera que el principal punto a cuestionar se enfocaría sobre el lugar que ocupan las mujeres en el sistema productivo, y que este elemento viene abordándose cada vez más por los movimientos feministas tanto en el Norte como en el Sur Global. En última instancia, entiende que estamos de cara a “un sistema, que tenemos que transformar, puesto que no solo no tiene en cuenta la capacidad de reproducción de la naturaleza, sino que tampoco tiene en cuenta los trabajos de reproducción y de cuida dos que hacen las mujeres, que son imprescindibles para que pueda existir el sistema funcionando. Que en su mayor medida las mujeres dediquemos horas de nuestras jornadas a trabajos de cuidados es lo que hace posible disponer de horas de trabajo asalariado a otra cantidad de personas”.
Según Anigstein, Angelim y Madeiros, la Transición Justa es la propuesta central del movimiento sindical de cara a las consecuencias negativas del cambio climático sobre los pueblos y los territorios. Pensando la transición como el conjunto de políticas tomadas en pos de avanzar hacia entramados productivos bajos en emisiones de GEI, según el documento para que el proceso sea evaluado como justo el problema principal es evitar que sean los/as trabajadores/as quienes paguen el costo de un movimiento obligado pero del cual no son responsables.
Desde la visión de Edgar Mojica Vanegas, es un error definir la Transición Justa solo en términos del destino de los/as trabajadores/as y sus derechos en un mundo postfósil. Según él, “hablar de Transición Justa implica hablar de en manos de quién va a quedar esa transición. Las empresas multinacionales están haciendo una transición, pero se están quedando con la transición, la están haciendo con un enfoque de negocios y de mercado y nosotros consideramos que la transición debe ser con un enfoque social y comunitario. Eso implica una discusión profunda en torno a lo público y la necesidad de tomar al sector minero energético en manos de lo público a escala municipal, departamental y nacional. La Transición Justa es algo que va más allá del empleo de los trabajadores”.
Pese a su claridad conceptual, Mojica Vanegas confiesa que existe una importante dificultad a la hora de reconvertir los puestos de áreas intensivas en carbono. Sin embargo, no duda en afirmar que “debemos atrevernos a decir que estamos por la Transición y que las actividades que nosotros hacemos generan daño. No es un tema fácil. Hablamos de que vivimos de la industria. Pero si me lo preguntas hoy, tanto los trabajadores del carbón como los trabajadores del petróleo en Colombia estamos convencidos políticamente dentro de nuestras organizaciones sindicales de la necesidad de caminar sobre la lógica de la transición y construir una propuesta alternativa. De eso estamos convencidos y ya es una ganancia muy muy importante”.
Joaquín Turco considera que el concepto Transición Justa ha evolucionado desde su estrecha vinculación a la cuestión del cambio climático, como fue en un principio, y eso tiene en cuenta muchos elementos más como el nuevo escenario del mundo del trabajo y sus cambios. El sindicalista argentino insiste en la necesidad de tomar la Transición Justa como un marco de acuerdos globales generales que debe llenarse de contenidos específicos a escala local en vista de las particularidades de cada país, más que como un marco fijo.
En simultáneo, Turco entiende que la vaguedad conceptual que propicia la noción abre el camino para un conjunto de peligros porque “si no se hace bien el trabajo desde las organizaciones del campo popular creo que el lenguaje este va a ser apropiado por los sectores corporativos. Es imprescindible avanzar sobre estas discusiones para ganarlas y generar buenas políticas públicas. El problema es si dejas que el término se banalice y sea apropiado por el enemigo”.
Sobre la reconversión de puestos laborales, Turco muestra la preocupación que nace de los sectores que se desempeñan en áreas intensivas de carbono en un contexto formalizado, en contraste con la alta informalidad derivada de ese recambio. “Tienen más para perder”, sostiene Turco. Aquí el representante de ATE marca otro contrapunto con las concepciones del Norte Global puesto que cuando “los europeos te hablan de Transición Justa no te hablan de esto, te hablan de los recicladores y sectores similares. En ese sentido es una discusión más fácil de resolver porque le estás proponiendo un horizonte mejor a compañeros con muchas precariedades. Pero un compañero que está formalizado, que tiene beneficios sociales y de repente le decís que a la mina se la va a cerrar mañana u olvidate de perforar, ¿cómo hacés? Sobre todo en un país como Argentina en el cual las decisiones no se toman planificadas sino que se toman de un día para otro”.
Estrategias para llevar adelante la Transición Justa: ¿poder o diálogo social?
Un elemento en el que coinciden las y los entrevistadas/os es en la necesidad de establecer lazos de diálogo entre distintos sectores para llevar adelante una Transición en clave justa tal como proponen las líneas maestras de la estrategia de la CSA y la CSI. Sin embargo, la perspectiva desde la que se concibe este diálogo social para América Latina no se plantea como ingenua, sino que tiene en cuenta las especificidades regionales, sobre todo en lo que hace a sus precariedades económicas e institucionales.
Reconociendo que su vínculo con TUED potenció estos debates, Humberto Montes de Oca afirma que el Sindicato Mexicano de Electricistas ya poseía nociones en torno a la Transición Justa desde tiempo atrás. En concreto, Montes de Oca observa que “nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo, antes de estar en TUED, el derecho a la energía. Hemos planteado que la energía debe ser concebida como un derecho humano y hemos presentado iniciativas de reforma constitucionales en México para que así sea”. Asimismo, en lo que hace al manejo de la energía, para el Sindicato Mexicano de Electricistas “tiene que haber una mayor cesión en la administración, en la gestión de la sociedad, de los trabajadores, de los consumidores, de los investigadores, de los científicos, de la energía y también del gobierno”.
Desde el punto de vista de Laura Maffei, la utilización de canales de diálogo es una condición imprescindible para pensar cualquier instancia de Transición Justa. Diálogo que tiene que ser dado no solo con los trabajadores, sino con las comunidades en conjunto. En ese sentido, el diálogo social hace a los procesos programáticos de cómo llevar adelante la Transición, estableciendo de forma casi intuitiva puentes que acerquen las inquietudes de los sectores que militan por la justicia ambiental con aquellos principalmente movilizados por la búsqueda de justicia laboral, generalmente representado por el movimiento sindical. En ese sentido, Maffei entiende que es neurálgico que el movimiento sindical se sitúe dentro de la discusión sobre el carácter de la Transición Justa de una forma que supere la mera protección del empleo, con una mirada más sistémica. Pese a todo, si bien reconoce que existe una larga tradición de organización para articular reclamos socioambientales que exceden al mundo laboral, considera que aún “necesitamos una masa crítica para impulsar ese tipo de cambios en clave estructural”.
Sin desconocer las posibilidades que abre el diálogo social, aunque haciendo énfasis en sus limitaciones en el marco latinoamericano, Edgar Mojica Vanegas entiende que es interesante observar la concepción de TUED acerca del poder social puesto que habilita a pensar una Transición “pero con la gente”. Es decir, a contramano de las salidas corporativas que solo piensan en el cambio de fuentes de generación. En ese sentido, Mojica Vanegas considera que este modo de concebir la Transición Justa lleva a creer que “vamos con una transición que ataque al modelo, que le plantee un debate público mundial con los trabajadores y sus sindicatos en ese diálogo y esa pelea”.
Joaquín Turco, por su parte, opina que el diálogo social pleno solo es posible si existe un Estado que garantice que este tenga lugar y que sea un intercambio de ideas efectivo entre los actores y no una mera suma de monólogos superpuestos. Ese tipo de diálogo fluido es el que para Turco hace parte de una democracia participativa real; y asume que hasta el momento le ha resultado difícil encontrarla en los espacios que transitó como representante de la ATE-CTA. El sindicalista argentino también destaca que desde su perspectiva la concepción del poder social es además un tipo de diálogo, puesto que para el control efectivo del sistema energético se precisa de la presencia en comunión de los trabajadores y los usuarios, que cree posible solamente si es mediada por el Estado.
Para Maffei este es “un sistema, que tenemos que transformar, puesto que no solo no tiene en cuenta la capacidad de reproducción de la naturaleza, sino que tampoco tiene en cuenta los trabajos de reproducción y de cuidados que hacen las mujeres, que son imprescindibles para que pueda existir el sistema funcionando. Que en su mayor medida las mujeres dediquemos horas de nuestras jornadas a trabajos de cuidados es lo que hace posible disponer de horas de trabajo asalariado a otra cantidad de personas”
A modo de conclusión
Desde su surgimiento a finales de la década de 1970 hasta nuestros días, la noción de Transición Justa ha pasado de ser un postulado propio de grupos acotados a convertirse en una evocación frecuente en el amplio espectro del movimiento socioambiental. Pese a perder en ese movimiento parte de su significado original, no deja de estar por ello asociada a una idea, aunque sea vaga, de la necesidad de un cambio de modelo.
En lo que hace estrictamente al mundo sindical, el recorrido de la concepción de la Transición Justa desde los países del Norte Global hacia América Latina apareció en la década del 2000 y se ha arraigado de forma decidida en organismos como la CSA y similares. Aún así, como pudimos ver en nuestros análisis de textos programáticos y, sobre todo, en los diálogos con representantes de trabajadores/as y otros actores vinculados con la reflexión sobre la Transición Justa, la definición del concepto aún reviste márgenes de libre interpretación cuya resolución depende en muchas ocasiones del recorrido político de quien sea consultado sobre la temática y la historia del territorio desde el cual conteste.
Pese a ello, una convicción que nos interpela luego de todo lo caminado es que la Transición Justa, si bien debe pensarse desde el punto de vista de la insustentabilidad del patrón energético fósil y el futuro de los/ as trabajadores/as que en esos sectores se desempeñan, no puede circunscribirse únicamente a esto. Por el contrario, el cúmulo de problemáticas que hacen obligatorio pulsear por una modificación energética urgente para evitar el colapso ambiental dan cuenta de que muy probablemente nos encontremos ante un hundimiento tanto más profundo, esta vez de carácter civilizatorio. La llegada a este punto límite para el conjunto de los seres vivos del planeta no es casual y se explica por la modalidad de acumulación que han ensayado a escala global las grandes corporaciones desde los albores del modo de producción capitalista hasta nuestros días. En esa dinámica, el mero cambio de fuentes no modificaría de forma sustancial las lógicas que la subyacen, y cualquier iniciativa en este sentido correría peligro de una pronta captura por parte de las empresas y sus intereses. Pensar, entonces, en este tipo de cambio sistémico obliga a desplegar no solo instancias de diálogo social, sino que efectivamente las comunidades tomen en sus manos el poder y lo gestionen a su favor. En suma, propiciar una Transición Justa desde los pueblos y para los pueblos exige que lo viejo termine de morir y lo nuevo acabe de nacer.
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Entrevistas / diálogos
- Julio Acosta
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) – Seccional La Pampa – Argentina - Cecilia Anigstein
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) – Argentina - Laura Maffei
Departamento Socioambiental Chico Mendes, Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER)/Fundación Ecosur - Argentina - Edgar Mojica Vanegas
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) – Colombia - Humberto Montes de Oca
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) – México - Joaquín Turco
Asociación de Trabajadores del Estado/Central de Trabajadores de la Argentina (ATE-CTA) – Argentina
Créditos
Autor:
Jonatan Nuñez
Edición:
Felipe Gutiérrez y Hernán Scandizzo
Corrección
Nancy Piñeiro
Diseño
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Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.